Resulta llamativo (bueno, al menos a mi me llama la atención) el ímpetu así como la insistencia con que algunos, de entre los más prestigiosos medios, dan centralidad a las denuncias donde se vincula a Milani con la represión ilegal de la última dictadura militar. Podría ser que "necesitan llenar espacio" como me comentaba alguien o que "estamos en plena campaña". Pero quedarse ahí, tanto en una como en la otra explicación, sabe a poco. Y una cosa que queda sin tocar por ambas es la cuestión de en qué medida no los denunciantes, sino los medios que las propagan, creen o no creen en lo que repiten. Repiten, pues una y otra vez dicen lo mismo. Pero ¿creen en eso? Porque si no creen ¿por qué lo repiten? Alguno dirá que por buscar un efecto político. Pero además de los efectos buscados están los otros.
Es frecuente que, indignado por algo, alguien proteste, pero se queje de otra cosa. Esto se ve claramente en los más chicos. Pero que se haga deliberadamente... eso no es tan común.
Pero la cuestión a que quería llegar no es esa sino otra: qué nos dice esto del devenir político de nuestro país. ¿Se convertirá el kirchnerismo en la defensa a ultranza de las fuerzas de seguridad ante un creciente reporoche de se actuación en los '70 por parte de La Nación y Clarín. (Es obvio que no).
Algunos creen que con esto se hace mella en una especie de interna en el oficialismo, en particular el sector más antimilitarista, la así llamada progresía. El caso serviría, bajo tal hipótesis, para agudizar dicha contradicción. No sé si esto es así, pero si lo es no parece que se haya evaluado si realmente esa grieta es capaz de romperse por ese golpe, ni cuanto caería con ello.
Más bien me parece a mí que puede verse como una "estrategia ad hominem". No se critica la decisión sino que se señala que ella marcaría una autocontradicción del oficialismo, y se confía en que al público, eso le parezca inadmisible. A fin de cuentas nadie parece haber presentado pruebas en contra de Milani, y no se han publicado aun más que presunciones. Y los detractores de la política de DDHH no deben preocuparse mucho por este caso puntual (claro que los mismos medios, si bien Clarín con más idas y vueltas, son detractores de tales políticas). Y si uno los escucha entusiasmarse con un caso así, puede a su vez parecerle que lo que hay es otra cosa. Y no me refiero a la mera cuestión electoral, pues hay muchas cosas más que podrían en ese contexto atraer su atención. Mi hipótesis es que la misma incredulidad en dicha política impide diferenciar unos de otros casos y entonces se creen autorizados a reprochar que no se juzga con la misma vara, pues la diferencia estaría en eso mismo que no se concede (la legitimidad de los procesos). Me hace acordar a cuando Tenembaun se quejaba de que, según él, Kirchner no quería involucrar en su gobierno a nadie que pudiera asociarse, de ninguna manera, con nada que tuviera que ver en los setenta, por más que no hubiese tenido nada que ver con la represión. Esta idea parece estas presente en estas críticas.
El error de tal "ad hominem" está en que es prescindente del valor propio del caso, de lo que se señala con él. Es decir, no le importa si hay o no verdad en lo que se hace, sino que se contradice con otras cosas que también se hacen. Pero el riesgo está en que la balanza se terminará inclinando en función de caso, no del sistema, cuando la marea pase. El ad hominem sirve cuando, además se aplicarse, se puede estar seguro de que en el caso concreto se tiene razón, pero si no...
Ahora a lo que quería ir. Todo esto conduce a un tema de mayor importancia que todo esto: la relación entre la fuerza (las fuerzas) y el gobierno. Y en particular, las fuerzas no encargadas de la defensa, sino de la seguridad (la diferenica es clara, pero no siempre es asi en el ideario colectivo). La relación, todo el mundo lo sabe, no es de lo mejor, y no lo ha sido durante la última década. Si se observa el lado del gobierno se ve que últimamente han surgido algunas señales que han apuntado hacia un mayor entendimiento, si bien no parece que hayan bastado para cambiar en lo más mínimo la cosa. Y el tema de la seguridad, tan sensible, está a cargo de las fuerzas. Una cosa es controlar las fuerzas, mantener sus procedimientos dentro del margo legal, y otra la política contra el delito, cuyas tareas centrales son específicamente suyas. El denuncismo puede ser más o menos útil, incluso a veces necesario, pero es siempre insufuciente. Y uno de los grandes problemas aquí es una falsa contradicción entre seguridad por un lado y respeto de los derechos mínimos por otro. Muchos han puesto énfasis en lo segundo, y así se ha avanzado mucho. El desafío parece que eso sólo no basta y que se debe también hacer énfasis en lo otro, mostrando a la vez que no hay antinomia alguna.
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